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Consultor Financiero
El documento analiza los aspectos claves que deben considerar las autoridades financieras al momento de definir sus políticas sobre la autorización, la regulación y la supervisión de bancos digitales.
Agradezco a AFI la confianza que me otorgaron al seleccionarme para elaborar este documento
El documento (en inglés) puede ser obtenido en https://www.afi-global.org/wp-content/uploads/2021/11/DFSWG-framework_FINAL.pdf
En conversaciones (virtuales) con conocidos, y en algunos textos en la red, he notado cómo consideran la aparición de la pandemia del Covid-19 como una sorpresa o un ‘cisne negro’. Sin duda, esto explicaría el porqué las respuestas de los gobiernos en todo el planeta son reactivas ante los eventos, carentes de una estrategia definida.
En realidad, la aparición de un virus previamente desconocido, altamente infeccioso y con una tasa de morbilidad (proporción de la población que requiere atención médica) superior a la causada por virus conocidos, era esperada por la comunidad científica, gobiernos e incluso organismos del área financiera. En un artículo publicado en la edición de mayo de 2006 del Harvard Business Review varios expertos analizan los impactos sanitarios, legales y económicos esperados de una pandemia y plantean estrategias específicas para mitigar esos efectos.
Planes para enfrentar una pandemia para influenza fueron preparados por gobiernos en Europa y los Estados Unidos desde hace más de una década. En la esfera financiera , el tema fue uno de los puntos en la agenda de un seminario de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo para la creación de la Red para el Manejo Financiero de Catástrofes de Gran Escala. La industria de los seguros, en particular, ha venido evaluando el impacto previsible de una pandemia, como lo indican un análisis del Lloyds de Londres de 2008 o una presentación del Consorcio de Compensación de Seguros de España en un seminario de 2009.
¿Por qué entonces lucen las respuestas en todo el planeta tan precipitadas, si lo que está ocurriendo era previsible y existían planes de contingencia? Una parte de la explicación es la renuencia de los gobiernos y las sociedades para dedicar dinero a los preparativos para un evento de ocurrencia incierta, con referencias históricas remotas y con promotores con acceso limitado a los medios de comunicación. En el documental Pandemic: How to Prevent an Outbreak que la empresa Netflix comenzó a difundir fortuitamente en enero pasado, esa renuencia aparece claramente reflejada en los segmentos dedicados a la persona encargada de la preparación ante una pandemia en la ciudad de Nueva York.
La experiencia hasta ahora con el Covid-19 muestra claramente que los efectos humanos y económicos hubiesen sido mucho menores si los países hubiesen contado con un número superior de personal especializado en la atención de los afectados, capacidad adicional en los hospitales y otros centros de atención sanitaria, así como equipos e insumos en reserva para ser usados en situaciones excepcionales como la actual. Esto habría evitado la necesidad de construir hospitales en meros días, como lo han hecho China y el Reino Unido, modificar líneas de producción en forma radical, como han hecho industrias en varios países e incorporar personal retirado o medianamente calificado para reforzar el personal médico y de apoyo.
Esto sin entrar a considerar las dificultades para producir los dispositivos para realizar las pruebas de despistaje en escala masiva, o reclutar el personal que se requiere para conducir esas pruebas.
Por supuesto, el costo de establecer esa capacidad y luego mantenerla en el tiempo, es y será considerable. Además, lo más probable es que transcurran años, sino décadas, antes que sea necesario poner en uso esa capacidad. Pero lo que está ocurriendo demuestra claramente lo esencial que hubiese sido contar con esa capacidad a nivel global.
Hay un precedente muy similar a la preparación de emergencia medica, en el cual prácticamente todos los países dedican enormes sumas de dinero, en algunos casos proporciones significativas de su PIB y presupuesto fiscal, sin que haya un uso inminente: el gasto militar. En cada país. centenas de millares y hasta millones de personas están permanentemente dedicadas a afrontar un riesgo que, afortunadamente, cada vez es menos frecuente. Es decir, la sociedad les paga para no hacer nada la mayor parte del tiempo, más que estar disponibles cuando sea necesario. Igual con el costo del equipo que poseen las fuerzas militares y su correspondiente erogación permanente para su mantenimiento.
Éstos no son costos triviales. Aun cuando el gasto militar anual global ha venido descendiendo en forma relativa de más de 6% del PIB en 1960 a algo más de 2% en 2018, de acuerdo al Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, sigue siendo una carga significativa para muchos países que poco o ningún uso tienen para esa capacidad. En comparación, el mundo gasta en forma agregada 10% del PIB en salud según la Organización Mundial de la Salud, aún con grandes variaciones entre países.
Combinando los datos de ambas organizaciones, encontré que de 151 países que reflejan información en ambos renglones para 2016, 8 gastaron más en sus ejércitos que en sus servicios sanitarios, ninguno en guerra con otro país en ese momento. Otros 40 dedicaban un tercio de lo erogado a salud en sus fuerzas armadas.
La emergencia sanitaria actual ha puesto de relieve como los cortes a los servicios de salud en países como España, Italia y el Reino Unido, luego de la crisis financiera de la década pasada, está afectando su capacidad de respuesta. Incluso el país con el mayor nivel de gasto en salud, los Estados Unidos, desmanteló parcialmente su capacidad de respuesta frente a una pandemia, en parte como resultado de recortes de gastos, como ocurrió con el 80% del presupuesto del Centro para el Control de Enfermedades para la prevención global de epidemias, en parte como parte de cambios de prioridades en el actual gobierno, reflejado en la destitución del responsable de la respuesta ante pandemias, Contraalmirante Timothy Ziemer, en el Consejo Nacional de Seguridad de ese país y la disolución de su equipo.
Salvo escasas excepciones, estas medidas fueron aceptadas sin mayor cuestionamiento. ¿Hubiese habido la misma reacción si los recortes hubiesen afectado su capacidad militar? Lo dudo, incluso en aquellos países donde la probabilidad de conflictos externos es remota. Y temo que es muy improbable que aún luego de esta experiencia, las sociedades valoren el riesgo que representa un organismo microscópico al igual que el que les generan cohetes o tanques en poder de países “enemigos”.
No tengo la capacidad de explicar esta actitud, pero eso explica el porqué Costa Rica seguramente seguirá solitaria en su condición de país sin un ejército. Voces como la del político socialcristiano venezolano Eduardo Fernández, que abogó por la disolución de las fuerzas armadas en su fallido intento por ser presidente de ese país en los años ochenta, rara vez serán escuchadas.
Pero sin llegar a soluciones tan radicales, quizás haya la esperanza que plantear que el financiamiento de esquemas de preparación para pandemias futuras se financie con un recorte del gasto militar pueda tener una mayor acogida de la que hubiese tenido tan sólo hace unos cuantos meses.
En artículos previos he expresado mis dudas sobre Libra, el proyecto de criptoactivo y monedero digital promovido por Facebook. En los meses transcurridos desde el primer y claramente prematuro anuncio, autoridades en varios países han expresado sus reservas, cuando no clara hostilidad frente a la idea de una especie de sistema de pago supranacional dominado por el gigante tecnológico.
También han sido notables las deserciones claves entre las empresas que respaldaban el proyecto, dejando a Facebook acompañado fundamentalmente de organizaciones no gubernamentales, las cuales quizás tienen poco entendimiento de los riesgos legales y reputacionales que tiene el proyecto Libra.
En una entrevista al periódico británico Financial Times, Ajay Banga, presidente ejecutivo de Mastercard, una de las primeras empresas que abandonó Libra, expuso de forma descarnada los problemas que arrastra el proyecto de Facebook.
Banga describe cómo los promotores rehúyen dar un compromiso firme de “no hacer nada que no sea plenamente compatible con la legislación local”. Indica que varias veces habló “con los principales proponentes de Libra” sobre su voluntad de cumplir de las normas de diligencia debida, conocer a su cliente, anti-lavado de dinero, gestión de datos. «cada vez que, les dije ’¿Podrían poner eso por escrito?’ No lo harían.”
Otra duda de Mastercard es el modelo de negocio planteado pues no entendieron cómo Libra ganaría dinero, y “cuando no entiendes cómo se hace el dinero, se hace de maneras que no te gustan”.
Banga también apuntó a uno de los objetivos del que tanto alardea Facebook, Libra como una herramienta de inclusión financiera. Al respecto es caústico. “Pasó de una idea altruista a su propia billetera [electrónica con tecnología propietaria] Yo digo: ‘esto no suena bien’ Para la inclusión financiera, el gobierno tiene que pagarte en esa [moneda], tienes que recibirla como un instrumento que puedes entender, y tienes que ser capaz de usarla para comprar arroz y bicicletas. Si te pagan en Libras [la moneda] que van a Calibra [la billetera], y luego [debe ser cambiada] de nuevo en dinero para comprar arroz, no entiendo cómo funciona eso”.
En el anuncio inicial en junio del año pasado, la Asociación Libra informó que el sistema iniciaría operaciones en 2020. Hasta hoy no ha indicado públicamente la fecha de lanzamiento ni han habido claras indicaciones de cómo va a lograr las autorizaciones requeridas. Facebook, empresa que ya tiene abiertos varios frentes de batalla simultáneos en otros tema, ahora tiene la oposición de las empresas de pagos, telefónicas y algunas de las firmas comerciales que inicialmente la acompañaban en el proyecto Libra.
¿Admitirá Mark Zuckerberg que debe rediseñar el proyecto?
La Asociación de Supervisores de Bancos de las Américas (ASBA) acaba de publicar un documento contentivo de una revisión de las prácticas seguidas por autoridades financieras en relación con las actividades FinTech. Fue un privilegio haber sido seleccionado por ASBA para preparar este informe.
Este sondeo será seguido por otro documento, también de mi autoría, conteniendo un conjunto de lineamientos de regulación y supervisión del FinTech para autoridades financieras.
Si lee esto en Venezuela, y tiene en sus manos un billete de 2, 5 o 10 bolívares podrá decir con toda propiedad que no vale el papel en el que está impreso. Al menos su valor facial está por debajo de su costo de producción, algo inaudito para un billete. No incluyo el de 20 pues estoy usando cifras moderadas para estimar su costo.
Lo que cuesta un billete
Para que un billete llegue a las manos del público, deben ejecutarse un buen número de procesos, la mayoría de los cuales tienen un costo unitario material. El principal es el sustrato en el cual se imprime, usualmente papel de algodón de la más alta calidad. Luego están los elementos de seguridad, insertos en el propio sustrato y las tintas utilizadas, en ambos casos específicamente elaboradas para cada denominación de un billete.
Otros costos son el diseño del billete, la elaboración de las planchas que son utilizadas para la impresión, el almacenamiento, el transporte del producto hasta los centros de distribución y la distribución final. Luego está el proceso de impresión en si, donde se combinan la labor de personal especializado y el uso de maquinarias, que requieren mantenimiento frecuente.
Finalmente, deben incluirse los gastos ocasionados por el reciclaje o descarte apropiado de los materiales desechados durante la producción, en especial la tinta que es altamente contaminante, y los ocasionados por el retiro del billete de la circulación, incluyendo su destrucción y el tratamiento de los desechos.
Pero la información sobre estos costos es difícil de conseguir. Con la excepción del impresor de los billetes en los Estados Unidos (Bureau of Engraving and Printing) e información ocasional proporcionada por los bancos centrales de Suiza y la India (por requerimiento de información) y, los emisores y productores de billetes consideran esta información como confidencial.
Incluso en documentos de investigación publicados por bancos centrales sobre el tema escritos por sus propios funcionarios, las cifras no aparecen y los autores deben hacer uso de conjeturas para aproximarse a los costos. Un buen ejemplo es Banknote Printing at Modern Central Banking, aparecido en el Nº 476 de la revista Borradores de Economía del Banco de la República de Colombia.
Costos en otros países
Centrándonos en los tres bancos centrales que informan el costo de sus billetes, lo primero que llama la atención es la diferencia significativa que existe entre las denominaciones y entre países. En el primer caso es comprensible pues a mayor valor facial, los elementos de seguridad son de mayor costo e incluso el tamaño del billete aumenta, como en el caso suizo. En el segundo tiene incidencia la inclusión o no de los costos asociados al manejo de los billetes una vez impresos y los gastos asociados a su destrucción. En el caso de la India, hay que tomar en cuenta que todos sus billetes los imprimen localmente utilizando mayormente papel y tintas locales, con lo cual se benefician de menores costos de producción. El siguiente cuadro muestra la variedad señalada:
Fuentes: Reserva Federal, The Hindu Business Line, Banco Nacional de Suiza.
Una estimación del costo de los nuevos billetes
A partir de estas cifras y con base en mi experiencia personal, tomando en cuenta, como demostraré más adelante, que la mayor parte de los billetes del Bolívar soberano están siendo importados, he estimado los costos mínimos que deben haber tenido las distintas denominaciones del cono monetario vigente desde agosto de 2018.
(*) Calculado al tipo oficial de cambio fecha valor 17/12/18: 352,72 Bs/$
Mi temor es que, debido a las premuras y la reticencia de varias casas de impresión internacionales a contratar con el Banco Central de Venezuela por mala experiencia reciente, el que haya aceptado el encargo debe haber cobrado sustancialmente más que los estimados que estoy utilizando.
En todo caso es patente que, como alerté antes de la reconversión, fue un error lanzar una familia de ocho (8) denominaciones diferentes. La mayoría de los países usan seis denominaciones de billetes sin mayor inconveniente. Suiza sólo usa cuatro, el Reino Unido en la práctica tres, para señalar dos casos.
También advertí que tendrían que pensar bien el billete de menor denominación pues rápidamente dejaría de tener capacidad adquisitiva y, como queda claro en las cifras anteriores, resulta absurdo seguirlo produciendo por acarrearle pérdidas a la Nación.
El riesgo que lo que está ocurriendo con los billetes de 2, 5 y 10 se extienda al resto del cono es real. En el gráfico siguiente comparo el costo de producción y el valor facial de los distintos billetes para los tres países comentados, en el eje izquierdo, y el caso venezolano, en el eje de la derecha. Demás está decir que la inflación en los otros países es muy baja, lo cual hace que la probabilidad que estos valores se modifiquen en el futuro próximo es remota:
En el caso de Suiza el valor se refiere al costo promedio informado por el banco central respecto al valor facial promedio de la familia de billetes.
El soberano en la calle
Recientemente el BCV volvió a publicar las estadísticas de billetes, luego de una pausa de más de tres meses. Aquí debo reconocer algo positivo. Desde que entró en circulación en agosto pasado y hasta octubre, el BCV ha logrado distribuir alrededor de 500 millones de piezas de los nuevos billetes mensuales. Este es un volumen importante de billetes pues lo usual era lanzar un poco menos de esa cantidad en un año.
Pero lamentablemente la distribución por denominaciones no ha sido la correcta. Del saldo en circulación al 31-10, más del 70% eran billetes de 2, 5 y 10. Incluso en el mes de octubre, cuando esas denominaciones ya habían perdido todo sentido transaccional, dos tercios de los billetes puestos en circulación eran de esas denominaciones.
Por otra parte, está el billete de 20. Pareciera que el BCV no tiene existencias o decidió no imprimirlo más.
Y es nuevamente el billete de 100 el caballito de batalla, al menos en valor. Inicialmente los billetes de 10 y 50 concentraban el mayor valor en bolívares de los nuevos billetes, pero en octubre casi la mitad del valor de los billetes emitidos ese mes fueron de la denominación de 100.
Pero esa reacción ha sido tardía
El nuevo cono frente a los precios y los salarios
Con el aumento del salario mínimo y la fijación de nuevos precios “ajustados”, se puede apreciar como la familia de billetes actual no responde a las necesidades de la economía y, sobre todo, como la distribución por denominaciones que está haciendo el BCV puede provocar en un corto plazo que se repita la misma crisis del efectivo de 2016-2017.
Comencemos con el salario mínimo. Pese a los intentos del gobierno por tratar de cubrir los problemas de suficiencia de efectivo mediante el uso de medios electrónicos de pago, la realidad es que Venezuela tiene severas deficiencias en dos aspectos de la llamada infraestructura de pagos: suministro continuo de electricidad y acceso a las comunicaciones de datos.
Abundan las anécdotas recogidas en los medios y redes sociales de personas en establecimientos comerciales tratando de pagar sus compras y que no pueden hacerlo porque “no hay línea” o no hay electricidad. Un país en el cual un sector (relativamente acomodado) de la capital pasa más de dos semanas sin electricidad es clara señal que el público no puede confiar en que con su tarjeta o su teléfono celular podrá pagar todo, como es el caso en otros países de la región.
De allí que los más vulnerables, como los pensionados, exijan efectivo. En momentos de hiperinflación, el billete desplaza cualquier otra forma de pago por su inmediatez y finalidad. Esto último es un concepto en finanzas que indica que un pago, una vez ordenado, no puede ser cancelado por el ordenante.
En agosto, pese al salto que el gobierno impuso al salario mínimo, un pensionado podía teóricamente recibir su pensión con 5 billetes, 3 de 500, 1 de 200 y 1 de 100. En realidad, eso no fue posible pues no hubo suficientes billetes de 500 para entregarle a los 4 millones de pensionados un billete de 500 a cada uno.
Con el nuevo salario mínimo de Bs. 4.500, ahora un banco necesitaría teóricamente entregarle nueve (9) billetes de 500. Pero el BCV todavía no ha puesto en circulación suficientes billetes de 500 para poder para que cada uno de los 4 millones de pensionados cobre sólo con billetes de esa denominación.
Suponiendo que durante noviembre el BCV entregó a la banca la misma cantidad y mezcla de billetes que en octubre, para pagar la pensión a los pensionados la nueva pensión, tendrían que darle a cada uno 36 billetes (1 de 500, 5 de 200 y 30 de 100), y esto consumiría la casi totalidad de los billetes de esas denominaciones, como se muestra en este cuadro:
La otra vertiente es el poder adquisitivo de cada denominación. En ausencia de un índice de inflación oficial, he optado por usar la lista de precios máximos “acordados” que ha anunciado en tres oportunidades el gobierno. La primera, a los pocos días de la reconversión fue seguida de una corrigiendo algunos precios. En un artículo previo comenté sobre las peculiaridades de esas dos listas. La tercera apareció simultáneamente con los anuncios de nuevo salario mínimo a fines de noviembre.
La variación aprobada entre los precios de la segunda lista de agosto y los de diciembre, refleja la inflación oficialmente reconocida por el Ejecutivo Nacional. El promedio simple de los incrementos de los productos que aparecen en ambas listas es 356%, por debajo de las estimaciones de la Asamblea Nacional y de analistas privados, pero al menos es una cifra irrefutable.
Para mantener el poder adquisitivo del efectivo, el BCV debería estar emitiendo billetes de alta denominación que reflejen ese nivel de inflación, es decir deberían estar lanzando billetes de 1000 y 2000, en lugar de malgastar recursos imprimiendo y distribuyendo billetes de 2, 5 y 10.
Insólitamente para adquirir una lata de atún al precio oficial, un cliente necesita al menos dos billetes. Los que viven día a día los precios reales en los mercados saben que hacen falta muchos más para productos esenciales.
Nuevamente el BCV está fallando en proveer efectivo suficiente y adecuado a la población.
Hacia adelante
Muchos advertimos que la reconversión por si sola no iba a detener la inflación. Aún tomando en cuenta los beneficios contables y de comprensión que generaron la eliminación de cinco ceros, el ejercicio a la postre resultó inútil y desgastador. Eventualmente deberá ser repetido, ojalá en condiciones donde ya la inflación haya sido dominada con las medidas estructurales requeridas.
Por lo pronto sólo me cabe reiterar las sugerencias que desde julio he venido haciendo sobre cómo ajustar la emisión de billetes en este entorno hiperinflacionario.
Cuando publiqué mi último artículo en agosto pasado, yo había estimado que tendría que abordar de nuevo el tema del efectivo en Venezuela antes del cierre del año. Lamentablemente tuve razón.
Hace más de tres meses entró en circulación el denominado Bolívar Soberano, re expresión de la moneda venezolana con 5 ceros menos. No voy a adentrarme a las consideraciones macroeconómicas de la medida y de las otras que fueron anunciadas en forma paralela. La realidad es que no mucho ha cambiado en el plano económico, al menos favorablemente, en estos 100 días.
Pero vuelve a sentirse la insuficiencia del circulante para la realización de las transacciones habituales. Por supuesto, el monto en bolívares de los billetes en circulación supera en forma holgada a lo que disponía la sociedad antes del 21 de agosto. Pero los precios también han subido, y en forma aún más acelerada que anteriormente.
Para complicar el análisis, el Directorio del Banco Central de Venezuela ha secuestrado las cifras de egreso e ingreso de billetes y monedas, al igual que antes lo hizo con la información estadística macroeconómica. Pero el monto en circulación en manos del público, incluyendo el que tiene la banca en bóvedas, se puede obtener de la base monetaria y de la liquidez, indicadores que aún publica el BCV.
La semana previa a la reconversión, el BCV reportaba circulante por 418 millones de bolívares (soberanos). A finales de agosto ese monto se había multiplicado por diez, para fines de septiembre por cincuenta y para mediados de noviembre por cien. Sin duda fue un aumento sustancial, restituyendo parcialmente el inventario requerido por la sociedad. Esta evolución se aprecia mejor en este gráfico.
Viendo este crecimiento, pareciera que todo está muy bien y que gracias al nuevo “cono” monetario, la sociedad cuenta con efectivo suficiente para sus necesidades. Sin embargo, hay un par de temas que conviene analizar.
Tradicionalmente en octubre y noviembre aumenta significativamente la demanda de efectivo, primero de la banca y luego la del público. En estos dos meses, el circulante usualmente se ubicaba en 30% por encima del promedio del resto del año. Claro, la inflación ha alterado esas tendencias, así como los problemas de abastecimiento en los puntos de venta.
Pero llama la atención como la tenencia de efectivo en bóveda por la banca se ha estancado desde septiembre. Y en forma más genera, la salida de efectivo del BCV a la economía pareciera que se ha detenido en las últimas semanas, precisamente cuando hay mayor demanda.
Si, como muchos esperan, en diciembre el gobierno anuncia otro aumento explosivo del salario mínimo, ¿tendrá el BCV suficiente efectivo para suministrar a la banca? ¿Estará en capacidad de entregarlo a tiempo?
Tengo mis dudas.
¿Por qué digo que se agotó el soberano entonces? El efectivo debe ser visto en función de su capacidad de compra, lo cual obliga a comparar este crecimiento con el observado en los precios.
Los economistas hablamos siempre del peligro de la ‘ilusión monetaria’, con lo cual nos referimos al engaño que tenemos cuando tratamos activos financieros sin considerar su capacidad de compra. Es lo que le ocurre a todos los asalariados en Venezuela cuando reciben un aumento, pero que rápidamente se diluye al subir los precios de los artículos que pensaba comprar.
Por eso se recurre a calcular la evolución “real” de las variables para eliminar el efecto distorsionador de los precios. El ejemplo más difundido de esto es la tasa de crecimiento del producto interno bruto, que descuenta la inflación de la economía durante el período de referencia.
Pero calcular la evolución real de variables en Venezuela tropieza con el problema antes referido del secuestro de las estadísticas económicas por parte del BCV. Desde 2015 no ha difundido el índice de precios del país o de la ciudad de Caracas. Afortunadamente analistas privados y la Asamblea Nacional han venido produciendo estadísticas de inflación que buscan replicar la metodología tradicional del BCV.
Para analizar la evolución del efectivo, utilicé la serie de inflación que produce la firma Síntesis Financiera por considerar que es la que mejor empalma con las producidas previamente por el BCV. Tomando los valores de inflación mensual para el período julio-noviembre y extrapolando linealmente los valores semanales, construí la serie del monto de efectivo en circulación valorado a los precios de junio.
El resultado es interesante. En términos reales, el circulante aumentó en forma significativa hasta alcanzar un pico al cierre de septiembre. A partir de allí, el efectivo ha venido cayendo semana tras semana, y se ubicó al 16 de noviembre por debajo del nivel que tenía en julio, en términos de capacidad de compra. El gráfico siguiente ilustra esta evolución para todo el circulante, tanto el que está en manos del público como el que está en las bóvedas de la banca.
La misma tendencia se observa en el efectivo en manos del público, por lo que no es que la banca esté “reteniendo” el efectivo como gustan algunos voceros gubernamentales repetir.
No sorprende entonces que de nuevo comience a oírse quejas de la falta de efectivo.
En artículos previos expuse las posibles acciones que puede tomar el BCV para evitar que el tema del efectivo vuelva a convertirse en un problema de altas proporciones. Lamentablemente no creo que ninguna esté a tiempo para prevenir una repetición del colapso del circulante previo a la reconversión.
La medida más apropiada es la emisión de billetes con denominaciones que restituyan la capacidad de compra que originalmente tenían en agosto. Con una inflación acumulada estimada de casi cinco mil por ciento desde la reconversión, esto se traduce en un billete de 25000 para sustituir el de 500.
Esto debe estar acompañado de una racionalización de la familia de billetes. En su momento critiqué que se emitieran ocho (8) denominaciones diferentes en un entorno hiperinflacionario. Eso no tuvo ni tiene sentido. A lo sumo debe haber tres denominaciones: 25 mil, 5 mil y mantener el de 500. Y hay que olvidarse de las monedas, por supuesto.
Esto hay que hacerlo dado que no se percibe de parte del Ejecutivo la capacidad ni la decisión para adoptar las medidas fiscales, cambiarias y monetarias que corten de raíz la hiperinflación.
Empecinarse en la emisión de tantos billetes diferentes y monedas no sólo es ineficiente, sino que es un desperdicio de tiempo y dinero.
Apenas unos diez días duró la lista de precios «acordados«. Luego de la publicación el día 21 de agosto de los precios de 25 productos alimenticios, el pasado 31 de agosto aparece en Gaceta Oficial otra resolución modificando sustancialmente el precio de siete de los productos. Los incrementos oscilan entre 47% (huevos) hasta un significativo 900% en el caso de la mortadela. Esta última fue la que en la primera publicación más me llamó la atención. Hasta la sal la aumentaron (142%). El conjunto de los 24 productos de consumo (excluyendo la harina de trigo ‘panadero’), pasó de Bs 1.097 a Bs. 1.448, es decir 32% superior.
Hay que destacar el intento de mitigar lo significativo del ajuste de la mortadela, modificando la presentación que ofrece la lista. Mientras que originalmente el precio se estableció por kilo, en la segunda publicación el precio es por 500 gramos.
Lejos de corregirse las evidentes distorsiones entre los distintos precios, persisten desequilibrios que sin duda afectarán la capacidad de los productores de ofrecer bienes con la calidad y en las cantidades que se necesitan.
Reitero que no soy experto en producción de alimentos, pero me resulta difícil de creer que un kilo de sardinas frescas deba tener el mismo precio que medio kilo de sal. No estamos hablando de sal rosada del Himalaya ni negra de las playas de Hawái, sino de sal sencilla de mesa. Por los precios que he podido recabar, las sardinas cuestan usualmente 4 a 5 veces lo que cuesta la sal.
Lamentablemente, esta revisión es muestra palpable que la fijación de precios es un proceso alejado de la más elemental racionalidad económica. El salto de los precios es una confesión de parte que los establecidos inicialmente eran irreales.
Las consecuencias de persistir con una política de controles son palpables: nuevamente anaqueles vacíos y empresas cerrando sus puertas.
(Versión revisada 27-9-18)
El miércoles 22 de agosto apareció en la Gaceta Oficial de Venezuela la lista de precios “acordados”, es decir los precios fijados por el Ejecutivo Nacional para 25 productos, todos alimenticios. No voy a entrar a discutir si hubo o no “acuerdo”, si son suficientes para generar un margen suficiente a los productores o importadores, o cómo se comparan con el salario mínimo establecido recientemente.
Mi interés estriba en la relación entre los distintos precios. No soy experto en las cadenas de valor que existen detrás de cada uno de los productos y sus variantes en los distintos países. Pero una de las actividades que trato de realizar cada vez que visito un país es ir a un supermercado, ocasionalmente también mercados populares, para apreciar las preferencias locales. Éstas usualmente se expresan en el tamaño del área que los establecimientos destinan a cada tipo de producto. En Gran Bretaña los anaqueles de galletas de todo tipo tienden a ocupar cerca de un 20% del total disponible. En Polonia son los encurtidos los favoritos. En Portugal la leche fresca tiene un espacio muy reducido. Y así.
Simultáneamente voy observando los precios, no tanto los montos en si o su equivalente en cualquier otra moneda, sino la relación entre ellos. A veces tomo como referencia el precio de un kilo de sal de mesa. La teoría económica usa ese precio como ejemplo de un bien inelástico, lo que quiere decir que su consumo no varía mucho en función de su precio. De allí que tiende a ser un producto de bajo valor y estable en el tiempo. Útil como base para un índice de precios relativos.
Como resultado de esas visitas, de una manera poco rigurosa lo admito, he llegado a percibir algunas relaciones estables entre ciertos productos y la sal. Nada espectacular, por supuesto. Los productos procedentes de animales (carne de res, pollo, cerdo, pescados) tienden a tener índices elevados. Granos usualmente bajos. Productos industriales como salsas, pastas, etc, ocupan el nivel intermedio. Por supuesto hay variaciones importantes: la leche en Inglaterra tiene un precio relativo muy bajo. España y Portugal tienen precios de frutos cítricos muy bajos. En México, el pollo cuesta relativamente menos que en otras partes.
Volviendo a la teoría económica, cabe esperar que la prolongada e intensa intervención que ha tenido el gobierno en la actividad económica en Venezuela desde hace más de 15 años haya alterado la estructura de precios relativos. Comprobar esta aserción no es fácil dada la fragmentación del mercado. Por un lado, están las tiendas que en principio venden los productos, si disponen de ellos, a los precios establecidos unilateralmente por el gobierno. Luego están los mecanismos de distribución de productos que ha implementado el gobierno en forma paralela a los anteriores. En algunos casos y etapas, estos mecanismos han operado con precios, pero pareciera que en los últimos tiempos los que reciben cajas o bolsas conteniendo diversas mercancías, no pagan en función de los precios individuales sino un monto nominal, muy bajo, por la bolsa o caja. Y finalmente está un número incierto de vendedores más o menos informales, los llamados bachaqueros, con precios divorciados de los máximos oficiales.
Desde la distancia, creía que la sal era uno de los pocos productos que no debía ser difícil conseguir en las tiendas formales. Quizás estaba equivocado.
Al ver la lista de precios “acordados”, mi primera sorpresa fue ver la sal en la lista. ¿Por qué es necesario fijar un precio “máximo” para la sal? Por lo que entiendo, en Venezuela la producción de sal está en manos del Estado, con dos grandes centros de producción, uno en el estado Zulia y otro en el estado Sucre. Y la producción era más que suficiente, equivalente a más de 25 kilos por persona por año. Claro, la mayor parte de esa sal va para el consumo industrial y animal. Pero no debería escasear. No han desaparecido los insumos básicos: agua de mar, sol y mano de obra no calificada. Se requiere, es verdad, maquinaria para moler, refinar y empaquetar el producto. Pero aún así no debiera ser uno de los 25 bienes que el gobierno esté interesado en asegurar que tenga un precio “accesible”.
Pero retomando mi teoría personal del índice salino de los precios de alimentos, la lista tenía una sorpresa aún mayor: el precio de la mortadela. Este embutido de origen italiano, internalizado por los venezolanos como un alimento básico, tiene un precio sorprendentemente bajo: 1,38 “sales”. ¡El precio de la mortadela es muy cercano al de la sal! La mortadela es un producto industrial, que requiere carne de cerdo, especies, sal y, en muchos casos, también contiene pistacho, pimienta o aceituna.
Siendo la mortadela un producto cárnico procesado, su precio debería estar en un nivel similar al de otros como el pollo entero (6 sales) o carne de res (6,92 sales), ninguno de los cuales tiene proceso posterior al sacrificio del animal.
El precio de la mortadela me genera una angustiosa duda: ¿Qué estarán usando los productores de ese embutido?
Siguiendo con los productos cárnicos, el precio de lo que la lista denomina simplemente “Carne de res” resulta igualmente sospechosamente bajo. En primer lugar, este no es un producto sino una categoría. Dentro de la misma hay diferentes productos de acuerdo con el corte (área del animal), edad del vacuno y cualquier proceso posterior al sacrificio. Si el precio de la lista es el máximo para cualquier variedad, resulta sospechosamente bajo.
Esto se puede corroborar comparando el índice en países cercanos. Usando precios de los cortes de menor costo en cada caso, la carne de res en México cuesta 9,26 sales, en Colombia 12,98 y en Perú 13,94. Cabe destacar que tanto Colombia como México tienen extensas superficies dedicadas a rebaños vacunos.
Otra curiosidad es la relación entre los precios de la mantequilla y la leche pasteurizada. Ambos tienen su origen en el mismo insumo: leche cruda. De acuerdo con un documento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de cada 100 litros de leche cruda, se obtienen 96,25 litros de leche con el nivel de grasa apto para consumo humano (26%) y crema suficiente para producir 1,8 kilos de mantequilla.
Ambos productos requieren procesos posteriores antes de ser vendidos al consumidor, pero me inclino a pensar que el de la mantequilla involucra más pasos y, probablemente, más costos. Además, tengo entendido que el ganado venezolano tiene rendimientos en volumen y, crucialmente, de contenido de grasa, inferiores a los de otros países. Eso debe incidir en que la mantequilla sea, relativamente, más costosa de producir en el país que la leche líquida.
Pero los precios de la lista no reflejan esta lógica: un litro de leche tiene un precio máximo superior al de medio kilo de mantequilla. Visto en términos de sal, la leche vale 3,73 mientras que la mantequilla 3,23. Algo no está bien aquí.
Volviendo a la comparación con los vecinos, en los tres países la relación leche/mantequilla refleja los volúmenes que se obtienen de la leche cruda. En promedio medio kilo de mantequilla vale 4 veces más que un litro de leche líquida.
La tabla siguiente muestra los precios de ambos productos en términos de índice salino:
| Precios en términos de 1 kilo de sal | ||||
| Venezuela | México | Colombia | Perú | |
| Leche Pasteurizada (litro) | 3,73 | 1,21 | 2,33 | 2,65 |
| Mantequilla (500 g) | 3,23 | 5,28 | 10,08 | 9,67 |
Nuevamente, algo no está bien. Es muy probable que el precio de la mantequilla no refleje la producción nacional sino el producto importado. Esto sería aún más absurdo, pues en medio de los problemas de balanza de pagos que confronta el país, con estos precios administrados se estaría desestimulando la producción nacional.
Juan Luis Guerra pedía una montaña de arroz graneado. Imagino que la población venezolana debe estar pidiendo lo mismo. Aún tengo grabada en la memoria conversaciones con dirigentes de los productores de arroz en el occidente de Venezuela quejándose de cómo el tipo de cambio del momento (apreciado) les estaba restando competitividad en el mercado de exportación. “Si esto sigue así”, decía uno, “vamos a tener que comer arroz tres veces al día porque estamos produciendo mucho más de lo que consumimos”. Tristemente ya no es así. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) la producción del cereal este año en Venezuela caerá al nivel más bajo desde 1972, en parte por problemas fitosanitarios vinculados con la escasez de pesticidas. El informe estima que 60% del consumo será cubierto por importaciones, 28% por producción local y el resto por inventarios.
En este caso, sí parece que el gobierno ha considerado los problemas y ha fijado un precio relativamente alto, 3,23 sales. En México el índice es 1,27 y en Perú 2,26, mientras que Colombia, que tampoco es un gran productor, tiene un índice de 2,89.
Finalizo con dos productos marinos industrializado: el atún y la sardina en lata. El primero tiene un índice relativo de 5,54 sales, superior al visto en los otros tres países (2,4 sales en promedio). Esto no sorprende puesto que la flota pesquera tiene enormes incentivos y hasta necesidad de vender buena parte de lo que captura en alta mar (el atún) en otros países cercanos. Sólo así puede asegurarse de contar con las divisas que necesita para mantener sus barcos en operación. No van a cometer la torpeza que hizo el gobierno con las naves de Conferrys. Cabe esperar, además, que el gobierno haya considerado los costos asociados a su procesamiento industrial. En 2014, dirigentes sindicales de la empresa estatal La Gaviota admitían que el precio máximo fijado para la lata de atún cubría apenas un tercio de los costos de producción.
La sardina es otra historia. Desde hace mucho tiempo es una de las proteínas de origen animal más asequibles para la población de bajos ingresos en Venezuela. Su pesca la realizan fundamentalmente pescadores artesanales en las costas cercanas del oriente del país. Un estudio realizados por la Encuesta sobre Condiciones de Vida Venezuela de la Fundación Bengoa, indica que mientras el consumo general de pescado ha caído significativamente en el país, el estrato más pobre lo ha aumentado. Lo que ha ocurrido es que otros productos de origen animal han sido desplazados por el consumo de sardina fresca, como indica un reporte de prensa.
El gobierno en el dilema de fijar un precio que mantenga el producto al alcance del sector más vulnerable versus fijarlo en un nivel que incentive su pesca y, crucialmente, su venta en el país, se decantó por lo primero. Un kilo de sardina fresca tiene un precio relativo de 1,35 sales, ligeramente por debajo de la mortadela. Tengo dudas si fijar un precio casi igual a la sal y a la sardina sea lo más adecuado. El principal costo para la captura del pez es la gasolina que consumen las lanchas, lo cual hace altamente vulnerable a los pescadores al aumento de los combustibles que está planteado.
En este caso la comparación internacional es difícil pues no es un producto de alto consumo. Perú, la gran potencia pesquera de la sardina, lo destina fundamentalmente a la producción de harina de pescado para alimentar vacunos y salmones. En otras palabras, la sardina, fresca o enlatada, es un producto para quien no puede adquirir otros productos alimenticios y su nivel de consumo refleja el nivel de pobreza de un país.
La lista es una clara muestra de que persiste en el gobierno la idea de que el tema económico se resuelve imponiendo restricciones. Incluso asumiendo que en su elaboración hubo la mejor de las intenciones – proteger a los vulnerables – la experiencia de 15 años de controles de precios debería llevarlos a reflexionar si están consiguiendo ese objetivo.
Temo que, como consecuencia de las medidas recientes, el consumo de sardinas en Venezuela se multiplicará.
Aunque las señales son confusas, pareciera que hay quienes, dentro del sector oficial, están promoviendo una apertura total del mercado cambiario. Luego de más de 15 años de restricciones y ante el evidente fracaso de los objetivos económicos que motivaron el establecimiento del control de cambio – protección de las reservas internacionales y estabilidad del tipo de cambio para las transacciones comerciales esenciales – son muchos los que esperan la remoción de los controles.
El dirigente del PSUV, Jesús Farías, ha sido el más enfático, abogando públicamente por una apertura “lo más amplia posible”, calificando la reciente derogación por la Asamblea Nacional Constituyente de la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos como el paso inicial en ese camino. La exposición de motivos del acto derogatorio de dicha ley ciertamente usa un lenguaje compatible con un mercado cambiario sin restricciones. Por supuesto, falta todavía que se reformen los más de treinta convenios cambiarios que regulan los detalles del control de cambios, pero eso es algo que pueden resolver rápidamente el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela.
Esta no es la primera vez que el país desmonta un control de cambios y adopta un régimen abierto. Ocurrió en 1944, 1964, 1989 y, el más reciente, 1996. Pero las condiciones bajo las cuales se desmanteló el control cambiario en todas esas oportunidades difieren radicalmente de la actual.
La primera diferencia es lo prolongado que ha sido este control de cambios. Los anteriores duraron entre 2 y 6 años. De hecho, el pasado 23 de febrero, el actual control de cambio alcanzo en número de días la suma de todos los controles de cambio previos, 5.497 días. Visto de otra forma, sólo los mayores de 30 años pueden recordar lo que es una economía sin controles de cambio (o de precios).
Este tiempo sin transacciones cambiarias libres ha tenido un impacto significativo en toda una generación, incluyendo a las personas e instituciones que, en el supuesto caso que efectivamente se desmonte en los próximos días, deberán conducir las operaciones que se realicen.
De mi experiencia directa en dos desmontajes de controles de cambio anteriores, percibo elementos que pueden llevar a que en esta ocasión la remoción de las limitaciones cambiarias pueda conducir a resultados negativos en el corto plazo y, posiblemente, a un reverso a un ambiente de controles. A continuación, paso revista a esos elementos.
Este es, sin duda, el principal factor que condicionará la evolución inicial de un hipotético mercado cambiario libre: después de tantos años restringiendo la conversión de bolívares a divisas, en un entorno en el que se han venido acumulando saldos en moneda nacional sin un claro uso interno, es de prever que, al abrirse las negociaciones sin restricciones, una porción significativa de los que mantienen depósitos en bolívares potencialmente quiera convertirlos en divisas. En esta posición estarían los tesoreros de corporaciones internacionales que se han visto obligados a mantener saldos en exceso de lo financieramente aconsejable, en la medida que por políticas corporativas no han querido realizar transacciones en el mercado no oficial. A esto se agregaría una demanda minorista desesperada por preservar su patrimonio ante la incesante destrucción de la capacidad de compra del bolívar.
Otro segmento de demanda puede provenir de los empresarios que necesitan sustituir maquinarias obsoletas, adquirir repuestos y reponer inventarios de insumos, los cuales en los últimos 4 años prácticamente no han tenido acceso a divisas suficientes para esos fines. Por los elementos vinculados al tema político que menciono más adelante, intuyo que pocos estarán dispuestos a usar sus reservas en divisas para estos fines, prefiriendo usar los recursos en bolívares o, de no ser suficientes, pedir créditos a la banca. En esto difiero de la idea predominante en el oficialismo de que, con la apertura, ocurrirá lo contrario.
Por el lado de la oferta, la situación es aún más compleja. El oferente dominante ha sido por más de 90 años, el Estado. Con una producción petrolera menguante y con clara necesidad de destinar una parte importante de sus reducidos ingresos a realizar inversiones para mejorar su capacidad productiva, y además importar productos refinados, PDVSA no está en capacidad de jugar el papel que tuvo en 1989 o 1996. Los ingresos netos de divisas del resto del sector exportador estatal son irrelevantes.
Esperar que la oferta provenga de las exportaciones privadas es otra ilusión. El reducido parque industrial privado no está ni siquiera en capacidad de satisfacer plenamente las necesidades internas. Y si la tasa de cambio crea el incentivo al productor nacional para exportar en lugar de vender internamente, la mayor oferta probablemente no compense las mayores necesidades de importación de bienes.
Este desequilibrio al arranque entre oferta y demanda, sin un banco central con el músculo financiero para moderar la tensión resultante, se traducirá necesariamente en una depreciación importante y sostenida, del tipo de cambio. Esto sin considerar los temas monetarios y fiscales que abordo más adelante.
¿Cuánto aguantará el gobierno una depreciación acelerada? No creo que mucho, principalmente porque la apertura sería en todo caso una decisión percibida como impuesta por las circunstancias. En los desmontajes anteriores, hubo en el Ejecutivo y sobre todo en el banco central, una clara convicción de que el control de cambios había llegado a su fin y que era hora de regresar al estado natural de libre mercado.
Esta actitud permitió fijarse metas de mediano plazo sin que la volatilidad inicial comprometiese la voluntad de abolir los controles. Por el contario, mi percepción es que hoy no hay ese grado de convicción ni en el gobierno ni entre los nuevos directivos del BCV. La existencia de tensiones al interior de la coalición que es el chavismo es innegable y, al concretarse una evolución del tipo de cambio como la descrita previamente, sin duda surgirán las voces que acusen a quienes ejecutaron la apertura de “traidores”, como ya en forma anticipada han hecho algunos desde fuera del gobierno.
Pero el problema principal, a mi juicio, es que ven la apertura como una medida aislada que por si sola resolverá muchos problemas, aunque vaya en contra de sus ‘principios’. Al igual como ven a la reconversión como una medida que mágicamente acabará con la hiperinflación, la escasez de efectivo y quien sabe más que otros problemas, creen que, al permitir la libre negociabilidad del bolívar por divisas, llegarán al país ingentes cantidades de capital extranjero, las remesas se elevarán exponencialmente y los estantes de los supermercados se abarrotarán de productos. Paradójicamente parecieran sostener la misma creencia ciega de que el ‘mercado’ lo arregla todo que tienen los que están en el otro extremo del espectro político.
El propio lenguaje los delata. Con los desequilibrios fiscales, monetarias y de balanza de pagos actuales, creer que cualquier símbolo podrá “anclar” la moneda, denota una concepción equivocada de cómo se forman los precios en la economía. Como consecuencia, cuando ni el Petro ni las reservas petroleras logren estabilizar la tasa de cambio, dirán que es el mercado el que no funciona.
Seguro estarán pensando que mi posición es que el control de cambios permanezca como está. Todo lo contrario. Siempre he creído que un control cambiario no coyuntural es perjudicial. Mi temor es que no veo las demás medidas que requiere una apertura para propiciar, en el mediano plazo, cierta estabilidad cambiaria. Y me refiero a estabilidad en el sentido de que la tasa de cambio y los volúmenes transados sigan una trayectoria compatible con el desenvolvimiento de la economía, no tipo de cambio fijo.
¿Cuáles son esas medidas? Lo ocurrido en el pasado sirve de ejemplo.
En materia monetaria, tanto en 1989 como en 1996, el BCV fue muy activo esterilizando los bolívares que la economía no absorbía de manera natural. Esa política monetaria restrictiva se tradujo en una menor oferta de créditos por parte de la banca y a un costo mayor, a la vez que aumentó la remuneración que recibían los depositantes. Esto moderó la demanda inicial de divisas e incluso estimuló oferta del exterior, aunque con un carácter claramente especulativo, sobre todo en 1989. En ambas ocasiones, coincidiendo con la apertura cambiaria, se eliminaron los topes a las tasas de interés.
En el frente fiscal, los gobiernos de turno anunciaron ambiciosos planes de reforma estructural orientados a reducir el déficit fiscal, mejorando la recaudación tributaria, conteniendo el gasto corriente e introduciendo incentivos para la actividad empresarial privada. Aun cuando en las primeras semanas estos anuncios fueron meras señales, modificó la matriz de opinión dentro del empresariado moderando las presiones sobre el mercado cambiario por la demanda de divisas insatisfecha existente.
En lo relativo al sector financiero el enfoque fue diferente en cada caso anterior, pues las circunstancias eran diametralmente distintas. En 1989 el sistema bancario venía de un período de represión financiera, con signos de zozobra, lo que motivó a que el gobierno anunciase un programa de reforma del sistema financiero. Lamentablemente, la ejecución de ese programa se lo apropió el presidente del BCV, Pedro Tinoco, quien engavetó las medidas pues hubiesen significado cortarle las alas a su Banco Latino, el más inestable de todos. En 1996, el país, por el contrario, venía saliendo de la crisis financiera generada por la inacción antes comentada. La banca sobreviviente estaba superando los problemas, y las reformas legales y regulatorias ya estaban en vigencia en gran medida. En esa oportunidad el anuncio clave fue la disposición del gobierno de privatizar los grandes bancos estatizados en 1994. Puede apreciarse que, pese a las diferencias, en ambas oportunidades la apertura cambiaria vino acompañada de señales claras del gobierno de promover un sistema financiero sólido y competitivo.
En esta oportunidad no se ha conocido ningún tipo de iniciativa en ninguno de los tres frentes. En cada uno de ellos, además, hay problemas específicos de esta coyuntura: en lo monetario, la política monetaria acomodaticia del BCV, el cual viene financiando al gobierno en contra de lo establecido en la Constitución y las sanas prácticas. En lo fiscal, un nivel de indisciplina pocas veces visto en el mundo, con un gobierno aprovechando el acceso ilimitado al dinero de BCV para gastar sin mayor miramiento a lo establecido en el presupuesto, y con una marcada tendencia tomar el control de más empresas privadas, y por lo tanto gastos. Finalmente, en lo financiero, luce evidente el deseo del gobierno de incrementar, antes que disminuir, el número de bancos que controla, aunque eso se traduzca en un sistema más endeble. La trayectoria de cada banco que ha sido estatizado muestra un deterioro en su liquidez, su rentabilidad y un incremento en la morosidad. Esto es clave pues la apertura cambiaria puede conducir a presiones sobre la liquidez en toda la banca, tanto por el lado de los depósitos como por una mayor demanda de créditos.
Hay un problema adicional. Tengo serias dudas de la capacidad operativa en el gobierno y en el propio BCV para ejecutar exitosamente la apertura cambiaria. El área responsable en el banco central no ha tenido actuación en un mercado libre desde fines de 2002. Con mucho es el área del BCV que ha perdido mayor capital humano en estos 15 años, y estimo que no deben quedar muchos que hayan tenido experiencia participando en un mercado libre de divisas. Además, para muchos en el sector oficial, probablemente incluyendo algunos de los directivos recién nombrados, cualquier apertura cambiaria excluye la intervención del BCV, lo cual por la asimetría de oferta y demanda resulta absurdo.
Abandonar el control de cambios es imperativo como parte de un programa de estabilización y recuperación económica, pero no puede ser visto como una meta en si. Necesita de medidas complementarias en lo monetario, fiscal y financiero, de la capacidad profesional en el BCV y el gobierno para implementarlas y del apoyo político para su ejecución, con una visión de mediano plazo, que acepte que en el corto plazo habrá mayor volatilidad en varios campos que la deseable.
A escasos días de la nueva fecha que fijó el gobierno para que tenga lugar la reconversión monetaria inicialmente prevista para junio, todo indica que nuevamente se postergará la sustitución del Bolívar “Fuerte” por el “Soberano”. Muy probablemente en esta oportunidad no haya un acto teatral como el de fines de mayo, y la postergación se oficialice en un decreto publicado en gaceta. Esta vez no hay forma de endilgarle la culpa a terceros, aunque no cabe descartar que el anterior presidente y los cuatro directores del BCV que fueron sustituidos recientemente terminen siendo los chivos expiatorios.
Pero me llama la atención algo que ha venido sonando en las últimas semanas y que aparentemente tiene al gobierno en un dilema.
De acuerdo con reportes de prensa, el gobierno/BCV estaría considerando modificar lo previsto en las normas para la reconversión, para que, en lugar de eliminar 3 ceros, se eliminen 6, ante la constatación que la inflación en estos dos meses hace poco útil dividir entre mil las cantidades nominales. He escuchado que han habido largas discusiones considerando las ventajas y desventajas de ambas opciones, tiempo a mi juicio desperdiciado, pues la escala de la reconversión es irrelevante de mantenerse las políticas económicas actuales.
Esto último es lo que pareciera no se está discutiendo en el seno del gobierno. El dilema tácito que enfrenta el gobierno estriba en si debe reconocer que la concepción económica está errada, y que la hiperinflación requiere acciones que van contra la visión ideológica predominante en el gobierno, no una mera medida cosmética de quitarle unos ceros a la moneda.
Los recientes nombramientos en el BCV antes comentados y la forma como han sido atacados por traidores quienes dentro del sector chavista se han atrevido a proponer medidas aisladas, pero en la dirección correcta, no da pie para creer que esa discusión tenga lugar y, menos aún, que se traduzca en el viraje requerido.
Pero hay problemas urgentes que no pueden esperar a que se tomen las decisiones correctas para detener la hiperinflación. Es posible, incluso, aplicar paliativos a esos problemas (escasez de efectivo, difícil manejo de las cantidades nominales) sin necesidad del engorroso e inútil (en las actuales circunstancias) proceso de reconversión.
En gran medida estas medidas las puede decidir y ejecutar el BCV sin necesidad de decretos presidenciales. Esto puede ayudar a evitar a que haya titubeos por problemas de imagen.
Pero estas medidas requieren que tanto el gobierno como el BCV reconozcan, al menos privadamente, que la situación es insostenible y que habrá que tomar acciones que avergonzarán como país. Tampoco son muchas de ellas originales. Algunas las han propuesto otras personas en meses anteriores. Otras son tomadas de escenarios hiperinflacionarios en otros países. No solucionarán los desequilibrios de fondo, pero la mayoría tendrán efecto inmediato, y podrán mantenerse hasta tanto haya el giro de políticas económicas requerido.
1. Resellado de billetes
En las bóvedas del BCV debe haber una cantidad importante de billetes, nuevos y usados en buenas condiciones, de denominaciones inútiles actualmente (10, 20, 50…) Hay que imprimirles un sello en forma mecánica modificando la denominación. Por ejemplo, un billete de Bs. 10 pasaría a ser de Bs. 30 mil.
Lo importante es que el valor del billete resellado no coincida con el de ningún billete en circulación actual o previsible. Y cada valor del sello debe usar el mismo billete de la antigua denominación. Por eso recomiendo asignar valores inusuales: 30, 60, 70. En la medida que los precios sigan aumentando, se cambia el monto del sello acompañando a los precios.
Tampoco hay que preocuparse demasiado por falsificaciones o fraudes. Esto requerirá invertir tiempo y dinero en falsificar el sello, así como disponer de los billetes de base. ¿Quién va a hacer eso si ese billete perderá la mitad de su valor en un mes o menos?
2. Billetes de emergencia
De quedarse el BCV sin billetes antiguos que resellar, tendrá que imprimir billetes de emergencia, aún más sencillos que los tinoquitos o los billetes que han estado emitiendo algunas personas o instituciones en forma privada. En ningún caso debe caerse en la tentación de usar los nuevos billetes con la denominación de Bolívares Soberanos, pues es preferible que se almacenen para su uso futuro, dado su costo.
3. No acuñar ni distribuir monedas
De acuerdo con sus cifras, el BCV no ha lanzado a la calle monedas desde fines de 2017, lo cual es lógico. Debe mantenerse esa suspensión.
4. Tratamiento de las cantidades en la banca
El BCV debe instruir a las instituciones financieras que lleven las cuentas de sus clientes y las suyas propias prescindiendo de los valores inferiores a mil bolívares, aprovechando el trabajo ya realizado para la reconversión. Esto no significa reconversión, serán los mismos bolívares actuales pero cualquier saldo inferior a Bs 500 será eliminado y los superiores aumentados a Bs. 1000.
5. Tratamiento de las cantidades en precios y contratos
De manera similar, el BCV puede ordenar que los precios y montos monetarios se expresen en valores iguales o superiores a mil. De mantenerse los niveles actuales de inflación, el BCV ajustará ese valor mínimo cada mes para mantener los valores monetarios dentro de una escala numérica razonable.
Evidentemente las medidas anteriores son meros parches y no traerán la estabilidad que anhela la sociedad. Esto puede motivar a algunos en el gobierno o en el mismo BCV a instrumentar un mecanismo de indexación de montos monetarios, como existe en varios países de la región con pasados inflacionarios, tales como la “unidad de fomento” chilena, la “unidad indexada” uruguaya o la “unidad de valor adquisitivo” argentina.
Si bien este tipo de esquemas contribuyen a brindar crear un marco de referencia estable para cierto tipo de transacciones, por ejemplo, préstamos a largo plazo evitando el uso de divisas formalmente, en algunos casos terminan retroalimentando a la inflación, cuando su uso se hace prevalente en negociaciones salariales, contratos de servicios, entre otros.
Paradójicamente, la mayor dificultad para instrumentar este tipo de mecanismo es la férrea oposición de una directora del BCV en autorizar la publicación del Índice de Precios al Consumidor, secuestrado del conocimiento público desde 2015. Sin un IPC público, no puede haber un instrumento indexado válido y aceptado por todos.
La otra peligrosa tentación es, por comisión u omisión, alentar la dolarización de la economía de manera oficial. Ese proceso ha estado en marcha por un buen tiempo, pero de manera autónoma y por la necesidad de un ancla nominal por parte de la sociedad. Pero tirar la toalla y claudicar aceptando la dolarización por no adoptar las necesarias medidas de ajuste económico será un error. Eso lo demostró Argentina, donde la dolarización no corrigió la indisciplina fiscal. Algo similar pasó en Ecuador, país que ahora está teniendo que realizar un ajuste intenso.
Finalmente, puede estar considerando el gobierno y quizás los nuevos actores en el BCV, traer al país la dualidad monetaria que existe en Cuba. Inicialmente pareció que la criptomoneda lanzada con bombos y platillos en 2017 y ahora languideciendo sin uso, sería el germen de una moneda convertible y manejada con prudencia monetaria, mientras el bolívar quedaría para las transacciones domésticas y para los menos afortunados. Antes de siquiera asomarse a esta opción, convendría que quienes toman decisiones conozcan de cerca lo que le está costando al banco central de Cuba desmontar esa dualidad, que ha traído distorsiones significativas a la economía de ese país.
Tengo el temor que esta no será la última nota que escriba sobre el tema. Así como el billete de cien bolívares ha demostrado tener mayor duración que varios presidentes del BCV, este cuento del gallo pelón de la reconversión seguro dará que comentar en el futuro cercano.